JUICIO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE: SG-JIN-42/2015 Y SU ACUMULADO SG-JIN-43/2015

ACTORES:

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO

AUTORIDAD RESPONSABLE:

04 CONSEJO DISTRITAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN JALISCO

TERCEROS INTERESADOS: MOVIMIENTO CIUDADANO Y PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

MAGISTRADA:

MÓNICA ARALÍ SOTO FREGOSO

SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA:

AZALIA AGUILAR RAMÍREZ Y ERNESTO SANTANA BRACAMONTES

Guadalajara, Jalisco, a treinta de julio de dos mil quince.

VISTOS para resolver los autos de los juicios de inconformidad SG-JIN-42/2015 y SG-JIN-43/2015, promovidos por Héctor Pizano Ramos, Abelardo García Garibaldi y Alejandra Margarita Giadans Valenzuela, ostentándose los dos primeros, como representantes propietario y suplente del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente, mientras que la última, como representante propietaria del partido Movimiento Ciudadano, ambos a fin de impugnar del 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Zapopan, Jalisco, en el primer juicio, el acta de cómputo distrital para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, y además, el segundo la declaración de validez y la constancia de mayoría respectivas, solicitando en ambos la nulidad de la votación recibida en diversas casillas instaladas en la circunscripción uninominal correspondiente a dicha elección, y en el último de los mencionados, también por la nulidad de la elección en comento,  y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo narrado por las partes actoras en sus escritos de demanda y de las constancias que obran en los expedientes, se desprende lo siguiente:

a) Inicio del proceso electoral federal. El siete de octubre de dos mil catorce inició el proceso electoral federal ordinario 2014-2015, para la renovación de la cámara baja del Congreso de la Unión.

b) Jornada electoral. El siete de junio del año en curso, tuvo verificativo en todo el territorio nacional la jornada electoral ordinaria tendente a elegir, en lo conducente, diputados por el principio de mayoría relativa y de representación proporcional a nivel federal.

c) Cómputo distrital. Los días diez y once de junio de la presente anualidad, el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Zapopan, Jalisco, realizó el cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, mismo que arrojó los siguientes resultados:

d) Expedición de constancia de mayoría y validez. Al finalizar el cómputo, el propio Consejo Distrital declaró la validez de la elección de diputados y la elegibilidad de los candidatos que obtuvieron la mayoría de votos y expidió la constancia de mayoría y validez, a la fórmula de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa postulada por la coalición formada entre los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integrada por Laura Valeria Guzmán Vázquez y Andrea Margarita Márquez Villarreal, como propietaria y suplente, respectivamente. 

II. Juicios de Inconformidad. El quince de junio siguiente, las partes actoras promovieron ante la responsable, los presentes juicios de inconformidad electoral, a fin de controvertir los resultados consignados en el acta de cómputo distrital para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, así como la declaración de validez y la constancia de mayoría respectivas, solicitando la nulidad de la votación recibida en diversas casillas instaladas en el 04 distrito electoral federal en el Estado de Jalisco, y la nulidad de dicha elección, en los términos precisados en el proemio de esta resolución.

III. Recepción del medio de impugnación y turno. El veinticuatro de junio siguiente, se recibieron en este órgano jurisdiccional las demandas de juicios antes relatados, y mediante acuerdo del mismo día, se determinó registrar los medios de impugnación con las claves SG-JIN-42/2015 y SG-JIN-43/2015, así como turnarlos a la ponencia a cargo de la Magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, para sustanciarlos y en su momento, formular el o los proyectos de resolución correspondiente.

IV. Radicación y cumplimiento al trámite. Por proveídos de veintiséis de junio de este año, la Magistrada instructora radicó los juicios de mérito y tuvo a la autoridad responsable dando cumplimiento al trámite a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Admisión y terceros interesados. El treinta siguiente, se acordó la admisión de las demandas de mérito y se tuvo compareciendo a los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, como partes terceras interesadas, en los respectivos juicios.

VI. Requerimiento. Por acuerdos de cuatro de julio subsecuente, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera a esta Sala Regional, determinada documentación.

VII. Recepción de documentos, cumplimiento de requerimiento. Mediante autos de siete de julio posterior, se ordenó la glosa de diversas constancias y se tuvo a la autoridad responsable cumpliendo el requerimiento anteriormente referido.

VIII. Requerimiento. Por acuerdos de nueve de julio subsecuente, se requirió a la autoridad responsable para que remitiera a esta Sala Regional, determinada documentación.

IX. Recepción de documentos, cumplimiento de requerimiento. Mediante autos de catorce de julio posterior, se ordenó la glosa de diversas constancias y se tuvo a la autoridad responsable cumpliendo el requerimiento anteriormente referido.

X. Admisión de pruebas, propuesta de acumulación y cierre de instrucción. Por acuerdos de veintiocho siguiente, se admitieron las pruebas ofrecidas por las partes de los presentes juicios, se propuso la acumulación de los presentes juicios y se declaró cerrada la instrucción, con lo que los autos quedaron en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal con cabecera en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, es competente para conocer del presente juicio, en términos de los artículos 41, párrafo segundo, base VI, 60 párrafo segundo y 99, párrafo cuarto, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 184, 185, 186 fracción I, 192, y 195 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; artículos 3, segundo párrafo, inciso b), 4, 6, párrafo tercero, 49, 50 y 53, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG182/2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de junio de dos mil quince, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establece el ámbito territorial de cada una de las cinco circunscripciones plurinominales y la capital de la entidad federativa que será cabecera de cada una de ellas.

Lo anterior, por tratarse de juicios de inconformidad promovidos por dos partidos políticos, tendentes a controvertir actos relacionados con una elección federal de diputados por el principio de mayoría relativa, ocurridos durante la etapa de resultados y declaración de validez en un proceso electoral federal ordinario, realizados por el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, entidad federativa, que se ubica dentro del ámbito territorial donde esta Sala Regional ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Acumulación. Atendiendo a la propuesta de la Magistrada Instructora contenida en el auto dictado el veintiocho pasado en el juicio de inconformidad SG-JIN-43/2015, y del análisis de los escritos de demanda contenidos en los expedientes SG-JIN-42/2015 y el anteriormente señalado, esta Sala Regional advierte que existe conexidad en la causa, puesto que en ambos escritos se controvierte el mismo acto, consistente, entre otros, en el acta de cómputo distrital para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, correspondiente al 04 distrito electoral federal en el Estado de Jalisco.

En esas condiciones, con la finalidad de evitar la emisión de sentencias contradictorias y en atención a los principios de economía y celeridad procesal, lo conducente es acumular el expediente del juicio de inconformidad identificado con la clave SG-JIN-43/2015, al diverso SG-JIN-42/2015, por ser este último el más antiguo.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 86 y 87, párrafo segundo, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, se deberá glosar copia certificada de los puntos resolutivos del presente fallo, a los autos del expediente acumulado.

TERCERO. Escrito de tercero interesado. El pasado diecinueve de junio fue recibido ante la Oficialía de Partes del 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral con sede en Zapopan, Jalisco, escrito signado por Edgar Magallanes de la Rosa, ostentándose como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante esa autoridad, del que se advierte que pretende comparecer como parte tercera interesada al juicio de inconformidad SG-JIN-43/2015.

Empero, del análisis del escrito en comento se advierte que fue presentado fuera del plazo legal de las setenta y dos horas de la publicación en estrados de la demanda inicial del medio de impugnación referido, de conformidad con lo establecido en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la adjetiva electoral federal, puesto que la misma se realizó desde las diez horas del dieciséis de junio pasado, hasta las diez horas del día diecinueve siguiente, mientras que el escrito de cuenta se presentó hasta las dieciocho horas con veinte minutos del diecinueve de junio del año en curso.

En consecuencia, se tiene presentado de manera extemporánea el escrito de Edgar Magallanes de la Rosa, ostentándose como representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; por tanto, no ha lugar a tenerle compareciendo al presente juicio como parte tercera interesada.

CUARTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable en sus informes circunstanciados, señala que no procede la admisión de las demandas de mérito, pues según su dicho, no existe materia y fondo que juzgar, y por tanto, son notoriamente improcedentes, solicitando que se les aplique la multa por frívolas, apoyándose en la jurisprudencia, de rubro: “FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL RPOMOVENTE”[1].

Sin embargo,  a fin de considerar que un medio de impugnación es frívolo debe constatarse que la pretensión no puede alcanzarse por ser notorio que no se encuentre al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan, lo cual no acontece en la especia, toda vez que del análisis de las respectivas demandas, se advierte que las partes actoras sí señalan la elección que se impugna, individualizando el acta de cómputo correspondiente y las casillas cuya nulidad solicitan, así como las causales legales respectivas y los hechos en que fundan su pretensión en cada una de ellas, lo que en todo caso será materia del fondo de la presente sentencia.

Por ello, se determina que en los presentes juicos sí existen puntos de derecho discutibles, resultando no aplicable al caso concreto la jurisprudencia señalada, y en consecuencia, no se actualiza la causal de improcedencia que hace valer la autoridad responsable.

QUINTO. Procedencia. En los asuntos que se resuelven, se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del juicio de inconformidad, exigidos por los artículos 8, 9, párrafo 1, 52, párrafo 1, 54, párrafo 1, inciso a) y 55, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos que a continuación se expone:

a) Forma. Los presentes medios de impugnación se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable, y en ellos constan los nombres de los partidos políticos actores y de quienes promueven en su nombre, los domicilios para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para tales efectos, se identifica el acto impugnado y a la autoridad responsable del mismo, los hechos y agravios materia de las impugnaciones, así como los preceptos presuntamente violados, además de que se ofrecen pruebas y se hace constar la firma autógrafa de los promoventes, cumpliendo con ello los requisitos enunciados en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

b) Oportunidad. Se aprecia que las demandas se presentaron oportunamente, ya que en el acta circunstanciada de la sesión del cómputo distrital que se impugna, se asentó que el cómputo relativo a la elección de diputados por mayoría relativa concluyó el once de junio del año en curso y las demandas de los juicios que nos ocupan se presentaron ante la responsable, el quince de junio siguiente, es decir, dentro del plazo de cuatro días que contempla el artículo 8, en relación con el diverso 55, de la ley en cita.

c) Legitimación. Los presentes juicios son promovidos por parte legítima, pues quienes actúan son los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, entidades a las cuales, bajo su carácter de partidos políticos, se les reconoce la facultad para promover los presentes medios de impugnación, acorde con lo previsto en el artículo 54, párrafo 1, inciso a), de la ley electoral adjetiva.

d) Personería. Quienes suscriben las demandas en nombre de los partidos Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, son Héctor Pizano Ramos, Abelardo García Garibaldi y Alejandra Margarita Giadans Valenzuela, respectivamente, quienes cuentan con personería suficiente para comparecer en su nombre, de acuerdo con el artículo 13, párrafo 1, fracción III y 54, párrafo 1, inciso a), de la ley adjetiva electoral, toda vez que el carácter con el que se ostentan como representantes de los mencionados partidos políticos, les fue reconocido por el 04 Consejo Distrital Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Jalisco, tal como se advierte del informe circunstanciado rendido por la autoridad señalada como responsable, por lo que se tiene por satisfecho dicho requisito.

e) Requisitos especiales. Los escritos de demanda, satisfacen los requisitos especiales del artículo 52, párrafo 1, de la ley adjetiva de la materia, ya que se advierte la elección que se impugna, la manifestación expresa de la objeción de resultados de cómputo respectivo, la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva, así como la mención individualizada del acta de cómputo distrital que se impugna y las casillas cuya votación se solicita sea anulada.

SEXTO. Suplencia en la deficiencia en la exposición de los agravios, síntesis de los motivos de queja y metodología para el estudio. Previo al examen de la controversia planteada, se considera oportuno precisar que en términos del artículo 23, numeral 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Regional se encuentra en posibilidad de suplir las deficiencias u omisiones en los agravios expuestos por el demandante, siempre que los mismos se puedan deducir de los hechos expuestos.

Asimismo, en aquellos casos en que la parte actora haya omitido señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados, o bien, los haya citado de manera equivocada, este órgano jurisdiccional tomará en cuenta los que debieron invocarse y los aplicables al caso concreto.

De igual manera, esta Sala Regional se encuentra obligada al estudio integral y exhaustivo del escrito mediante el cual se promueve este medio de impugnación, a fin de determinar la existencia de argumentos tendientes a acreditar la ilegalidad del acto combatido, con independencia de que estos se encuentren o no en el capítulo correspondiente.

Tal consideración guarda consonancia con lo sustentado por la Sala Superior de este Tribunal en las jurisprudencias de rubros: “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR”[2] y “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.”[3]

Sin que lo anterior implique que exista una suplencia total ante la ausencia de agravios, ya que de conformidad con el artículo 9, apartado 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los respectivos medios de defensa, el impugnante debe mencionar, de manera expresa y clara, los hechos en que se basa, así como los agravios que causa el acto o resolución impugnado y los preceptos presuntamente violados.

Los actores en la interposición de sus demandas hacen valer en lo que interesa, los siguientes motivos de disenso:

Por cuanto hace al Partido Revolucionario Institucional, se duele de la instalación de casillas sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital (8 casillas), recibir la votación por personas distintas a las facultadas por el 4 Consejo Distrital, del Instituto Nacional Electoral en Jalisco (20 casillas), así como el error aritmético cometido entre el cómputo de las casillas y el cómputo distrital (80 casillas).

A su vez el instituto político Movimiento Ciudadano, se duele que se permitió votar a personas que no contaban con credencial para votar (2 casillas), así también que la votación fue recibida por personas distintas a las autorizadas por el 04 consejo distrital de Jalisco (10 casillas), se duele que respecto a la instalación de las mesas receptoras de votación, éstas se instalaron (24 casillas) en horario posterior al señalado en la normativa electoral, que existió proselitismo en una casilla, y, en otra de ellas, tres personas impidieron el adecuado desarrollo de la jornada electoral.

Asimismo, que la emisión de tweets por figuras públicas del medio artístico y deportivo de México, afectaron el periodo de reflexión, ejerciendo presión e influencia en el electorado, originando que tanto la votación entre la candidata de la coalición conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, fuese ampliamente superior (en 39 casillas) a la del candidato de Movimiento Ciudadano.

Así como de la comisión de irregularidades en el resultado final del cómputo distrital que derivó, a juicio del accionante, en restar 1,000 votos al instituto político Movimiento Ciudadano. Además destaca diferencia de votos entre los computados en casilla y los asentados por el consejo distrital (9 casillas), alude también diferencia de votos entre los asentados en las actas de cómputo distrital y el sistema de cómputo distrital (6 casillas), por lo cual solicitó el cotejo de las actas de recuento de las casillas; y, por último la nulidad de la elección con fundamento en causal genérica motivada por violaciones graves durante el proceso electoral, en la jornada electoral y en el cómputo distrital.

Con base en lo anterior y, por razón de método, se analizarán en primer término las causales de nulidad de la votación recibida en casilla, puesto que, la causa de nulidad de la elección, en alguna parte, la hace pender de las irregularidades que serán estudiadas como nulidad de votación de casilla.

SÉPTIMO. Fijación de la Litis. La cuestión planteada en el presente asunto, consiste en determinar si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales aplicables, si debe o no declararse la nulidad de la votación recibida en las casillas señaladas, por las causales invocadas y, en consecuencia, modificar o confirmar, con todos sus efectos ulteriores, los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa que se impugna, y confirmar o revocar la constancia de mayoría que expidió, u otorgar otra constancia de mayoría a la fórmula que resulte ganadora de acuerdo con los nuevos resultados, o bien, en su caso, si debe o no declararse la nulidad de votación.

OCTAVO. Estudio de causales de nulidad. Una vez hecha la suplencia en la deficiente expresión de agravios prevista en el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este órgano jurisdiccional estima que los hechos alegados pueden actualizar las causas de nulidad de votación recibida en casilla establecidas en los incisos a), e), g), j) y k) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respectivamente, conforme al cuadro siguiente:

NOVENO. Causal a) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: Instalar la casilla en lugar distinto al autorizado.

El Partido Revolucionario Institucional hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75 párrafo 1 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el 04 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, respecto de la votación recibida en un total de ocho casillas, las que se señalan a continuación 2930 contigua 3, 2964 contigua 6, 2966 contigua 3, 2968 contigua 1, 2970 contigua 2, 2975 contigua 2, 2977 básica y 3485 básica.

En su escrito de impugnación, el Partido Revolucionario Institucional, manifiesta como agravio que las casillas anteriormente señaladas se ubicaron sin causa justificada en distinto lugar al designado por el consejo electoral.

Por su parte, la autoridad responsable, en la parte conducente de su informe circunstanciado, expuso lo siguiente:

“El pasado 7 de junio de 2015 mientras se llevaron a cabo la instalación, el inicio de la votación, el desarrollo de la votación y la clausura de las casillas durante la jornada electoral, no se realizó cambio o modificación en la ubicación y/o en lugar diverso de la instalación de las 467 casillas instaladas en el 04 distrito, ni por causa justificada, ni por el contrario a esta…”

A su vez, el partido político Movimiento Ciudadano en calidad de tercero interesado en el expediente SG-JIN-42/2015, argumentó “el partido Revolucionario Institucional en su demanda refiere que al no señalar el domicilio en que fueron instaladas seis casillas, por esa simple razón, supone que fueron instaladas en lugar distinto”… así también sigue señalando que, al momento de asentar el domicilio de la instalación de las casillas, pudo haberse anotado datos de forma invertida y de manera incompleta.

Previo al estudio de los agravios que se aducen, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se sustenta la causal de nulidad de mérito.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 255 párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las casillas deben ubicarse, esencialmente, en lugares de fácil y libre acceso para los electores, que garanticen la libertad y el secreto del voto –preferentemente locales ocupados por escuelas y oficinas públicas- que reúnan los requisitos de: a) fácil y libre acceso para los electores, b) aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto en la emisión del voto, c) no ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales o municipales; d) no ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos o candidatos registrados en la elección de que se trate; e) no ser establecimientos febriles, templos o locales destinados al culto, o locales de partidos políticos y, f) locales ocupados por cantinas, centros de vicio o similares.

Asimismo, con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, los artículos 257 y 272 de dicha legislación general, establecen que los Consejos Distritales deberán dar publicidad a las listas de los lugares en que serán instaladas, para lo cual, deberán fijarlas en los edificios y lugares públicos de mayor concurrencia en el distrito.

De la lectura de los anteriores dispositivos se advierte que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla, tutela, especialmente, el principio de certeza que permite a los electores conocer el lugar donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

Sin embargo, el día de la jornada electoral, en la fase de la instalación de las casillas, pueden presentarse diversas circunstancias que obliguen a los funcionarios de las mesas directivas de casilla a cambiar su ubicación, como son: a) que no exista el local indicado; b) que se encuentre cerrado o clausurado; c) que se trate de un lugar prohibido por la ley; d) que no permita asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores; e) que no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal; o, f) que el Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

Estos supuestos, se consideran causas justificadas para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, y se encuentran previstas en el artículo 276 párrafo 2 de la Ley General  de la materia, el cual, establece que en cualquiera de dichos casos, la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

En términos de lo previsto en el artículo 75 numeral 1 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se acrediten los supuestos normativos siguientes:

a)  Instalar la casilla en lugar distinto sin justificación legal para ello; y

b)  Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo.

Para que se acredite el primer supuesto normativo de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora pruebe que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo.

En cuanto al segundo supuesto normativo, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado artículo 276, valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Luego, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos supuestos normativos que integran la causal en estudio, salvo que de las propias constancias de autos quede demostrado que no se vulneró el principio de certeza protegido por la causal, respecto del conocimiento que deben tener los electores del lugar donde deben ejercer su derecho al sufragio, es decir, que las irregularidades aducidas no fueron determinantes para el resultado de la votación.

En el presente caso, para determinar la procedencia de la pretensión del actor es necesario analizar las constancias que obran en autos, en particular, las que se relacionan con los agravios en estudio, y que son: a) las listas publicadas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla ‑comúnmente llamadas encarte‑; b) actas de la jornada electoral; actas de escrutinio y cómputo y, c) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral, respecto de aquellas casillas cuya votación se impugna y en las cuales consten hechos relacionados con la causal en análisis.

Documentales que al tener el carácter de públicas y no existir prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, se les concede valor probatorio pleno, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 párrafo 4 incisos a), b), c) y 16 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; además, de los diversos medios de convicción aportados, que deben ser analizados en relación a la casilla respecto de la cual fueron ofrecidos y cuyo valor probatorio se determinará con base en lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la citada ley adjetiva electoral.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número de casilla; la ubicación de las casillas publicadas en el encarte, así como la precisada en las actas de la jornada electoral; y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedarán señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. De acuerdo a lo anterior, se obtienen los datos siguientes:

Con base en la información precisada en el cuadro que antecede, se procederá a examinar si, en las casillas cuya votación se impugna, se acreditan los supuestos normativos que integran la causal de nulidad invocada, atendiendo a las características similares que presentan, las particularidades de su ubicación y a los supuestos que se deriven.

A.   DOMICILIO COINCIDENTE

1.    El domicilio señalado coincide

En la casilla 2964 contigua 6, del cuadro general que antecede, se advierte que los datos del lugar en que fueron ubicadas, coinciden con los aprobados y publicados en el encarte por el Consejo Distrital.

En esa virtud y dado que el inconforme no ofreció probanza alguna para acreditar que las casillas de referencia se instalaron en un lugar distinto al autorizado, como era su obligación, conforme con lo dispuesto en el artículo 15 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se concluye que, en la especie, no se acredita el primer elemento de la causal de nulidad prevista en el artículo 75, numeral 1, inciso a), de la propia ley; en consecuencia, resulta INFUNDADO el agravio esgrimido por el impugnante.

Del referido cuadro comparativo, se observa que, en las casillas 2966 contigua 3, 2968 contigua 1, 2970 contigua 2, y 3485 básica, se asentaron de manera incompleta los datos correspondientes al lugar en donde fueron ubicadas.

En efecto, al analizar las respectivas actas de la jornada electoral, se advierte que se asienta como lugar de instalación, el mismo que indicó el Consejo Distrital y que consta en el encarte, sólo que los datos se asentaron de manera incompleta.

Así se tiene que, en relación a la casilla 2966-C3, el encarte señala como lugar de ubicación "escuela primaria Ramón López Velarde. Calle Arco Druso, sin número, colonia arcos de Zapopan, Zapopan, 45130, entre calle arco Valente y Arco Pertinax a espalda calle Arco del Triunfo”, y en el acta de la jornada electoral aparece "Arco Druso s/n escuela Ramón López Velarde, Colonia Arcos de Zapopan".

En tanto, en la casilla 2968-C1, en el encarte aparece como lugar de ubicación “escuela primaria colegio Montessori siglo XXI. Avenida de la Mancha, # 1105, colonia Lomas de Zapopan, Zapopan, 45130, entre calle Villa Franca y calle Trafalgar a espalda calle Montilla”, mientras que en el acta respectiva se asienta "avenida de Mancha, #1105, Col. Lomas de Zapopan, Zapopan, Jalisco".

Por cuanto hace a la casilla 2970-C2, en el encarte aparece como lugar de ubicación “escuela primaria Federal Mariano Bárcena Matutino; escuela primaria federal Juan Escutia vespertino. Calle Villa del Río, # 2571, colonia Lomas de Zapopan, Zapopan, 45130, entre calle Tarragona y calle Campo Real a espalda avenida Torremolinos”, mientras que en el acta respectiva se asienta “calle Villa del Rio #2751 Col. Lomas de Zapopan”.

Cabe mencionar que se advirtió que en el acta de la jornada electoral[13] se anotaron de forma invertida o en desorden los datos del lugar en donde se instalaron.

Por cuanto hace a la casilla 3485-B, en el encarte aparece como lugar de ubicación “Terraza del Señor Fidel Horacio Guerrero García. Avenida Valle de San Isidro, #895, colonia fraccionamiento Mirador de San Isidro, Zapopan, 45133, entre calle Avestruz y calle Faisán a espalda avenida Pavo Real”, mientras que en el acta respectiva se asienta “avenida Valle de San Isidro #895, col. Fraccionamiento Mirador de San Isidro”.

De los anteriores datos comparativos, se puede colegir que no existen bases suficientes para tener por acreditado que las casillas se instalaron en un lugar distinto al publicado en el encarte, sino por el contrario, se encuentra cierta similitud en las dos formas de referirse a los sitios de que se trata, siendo la única diferencia que en el encarte se señalan con mayor precisión los datos que en las referidas actas electorales.

Cabe estimar que una de las posibles razones por la cual no existe total coincidencia entre los lugares de ubicación de las casillas, es debido a que, el funcionario encargado de asentar los datos del lugar, por descuido, lo haya asentado de manera incompleta, situación que ocurre frecuentemente al momento del llenado del acta respectiva.

Por otra parte, por cuanto hace a la casilla 2970 contigua 2, respecto al dato asentado en desorden, se estima que en base al criterio de este órgano jurisdiccional, dicha irregularidad menor no constituye causa suficiente para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla, tomando en cuenta que los funcionarios de las mesas directivas de casilla son ciudadanos que, por lo general, no son profesionales ni especialistas en la materia electoral, además de que la ubicación de las casillas, publicada en el encarte respectivo, coincide con la que se hizo constar en las actas de escrutinio y cómputo.

Igualmente se hace notar que, estando presentes durante la instalación de la casilla 2970 contigua 2, el representante del Partido Revolucionario Institucional, Eduardo Gaytán Martínez, así como el representante del partido Movimiento Ciudadano María Soto Díaz, firmaron el acta de jornada electoral, sin que hayan hecho señalamiento alguno al respecto.

En tal virtud, si en las actas de la jornada electoral se anotaron incompletos los datos del lugar preciso de la ubicación de las casillas 2966 contigua 3, 2968 contigua 1, 2970 contigua 2, y 3485 básica, respecto de los datos que aparecen en el encarte, y en la casilla 2970 contigua 2, se añade que se asentaron datos en desorden, ello es insuficiente para considerar que la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital correspondiente, por tanto esta Sala Regional llega a la conclusión que el lugar donde se instalaron las casillas cuya votación se impugna, corresponden a los autorizados por el Consejo Distrital, por lo cual, resulta INFUNDADO el agravio por lo que hace a la referida casilla.

B.    OMISIÓN DE ASENTAR EL DOMICILIO EN EL ACTA DE JORNADA ELECTORAL

Del cuadro comparativo, se observa que en el acta de la jornada electoral, así como en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 2930 contigua 3, aparece en blanco el apartado destinado a señalar el lugar de instalación de la casilla; sin embargo, tal circunstancia no significa necesariamente que haya ocurrido un cambio en la ubicación de la casilla cuya votación se impugna.

Puesto que del estudio minucioso de constancias, se advierte que no se presentó hoja de incidentes, ni tampoco escrito de protesta alguno respecto de la instalación de las casillas en lugar distinto al autorizado según el encarte.

Así también cabe destacar que, dicha situación constituye una simple omisión formal por parte de los funcionarios de casilla, ya que, del estudio de las aludidas documentales, no se advierte que la casilla hubiera funcionado en un lugar distinto al determinado por el Consejo Distrital. En todo caso, las referidas actas demuestran únicamente, que existió omisión en la especificación del lugar de instalación de las casillas, mas no que se instalaran y funcionaran en un sitio diverso al publicado, tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis emitida bajo el rubro:

INSTALACIÓN DE CASILLA. SU ASENTAMIENTO FORMAL EN EL ACTA, NO ES UN REQUISITO DE EXISTENCIA (Legislación del Estado de Jalisco)[14]. La obligación de hacer constar en el acta de jornada electoral la instalación de la casilla, contenida en el artículo 275 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, no constituye un requisito de existencia o validez de dicho acto jurídico. Para arribar a la anterior conclusión, se toma en cuenta que en el precepto en cita no se le atribuye el de requisito sine qua non del referido acto ni tampoco en algún otro precepto del ordenamiento citado, y en cambio, si se dispone que los actos necesarios para estimar conformada la casilla correspondiente son: a) La asistencia de los funcionarios propietarios o de los que conforme a la ley se encuentran autorizados para recibir la votación, y b) La realización de los actos materiales de instalación de casilla, por parte de los funcionarios que conforman la mesa directiva de casilla, en presencia de los representantes de los partidos debidamente acreditados. En todo caso, el hacer constar en el acta de jornada electoral la instalación de la casilla, forma parte del sistema de formalidades previsto para el llenado de las acta de la jornada electoral, que tiene como propósito preconstituir, en documento público, la prueba de ciertos hechos, con la finalidad de establecer que en los comicios se respetaron los principios fundamentales que para una elección democrática exige la Constitución General de la República, por lo que las formalidades previstas en el llenado de estos documentos, generalmente son ad probationem y no ad solemnitatem.  En consecuencia, el que no se haya llenado el acta de instalación de casilla, no lleva a concluir ineludiblemente que ésta no se instaló.

En consecuencia, puede concluirse que los funcionarios de casilla al no señalar, en el acta de la jornada electoral, el domicilio de la casilla cuya votación se impugna, incurrieron en una omisión; empero, tal circunstancia no implica necesariamente que la misma se ubicara en un lugar distinto al publicado en el encarte.

Asimismo, la parte actora no aportó algún otro elemento con el cual apoyar su dicho, incumpliendo así con la carga probatoria que establece el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo tanto, se declara INFUNDADO el agravio hecho valer por la parte impugnante en el presente juicio, en relación a las casillas estudiadas en este apartado.

C. COINCIDENCIA DE DATOS DE DOMICILIO, SIN DEMOSTRAR LUGAR DISTINTO AL AUTORIZADO

Con base en los datos antes precisados, esta Sala Regional considera que respecto a la casilla 2977 básica, el agravio resulta INFUNDADO, porque si bien no existe plena coincidencia entre el lugar autorizado para su ubicación y el sitio donde se instaló la casilla el día de la jornada electoral, lo cierto es que no obran en el expediente elementos que acrediten de manera fehaciente que la casilla se ubicó en lugar distinto al autorizado.

Del análisis de las constancias que obran en poder de este tribunal, se advirtió que en la lista de ubicación de casillas[15] aprobadas por el 04 consejo distrital, de dos de abril de dos mil quince, se desprende que la citada casilla se le tiene señalado el domicilio de avenida De la Mancha derecha #254, colonia Altagracia, Zapopan, 45130, con ubicación en el exterior de la lechería Liconsa 1412013300, y como referencia calle Covadonga y avenida De la Mancha izquierda a un costado de la oficina de correos.

Sin embargo, de acuerdo con el encarte[16] publicado por la autoridad electoral, se advierte que la casilla  2977 básica debió instalarse en área de estacionamiento de los departamentos 3, 5 y 7 del módulo 71, avenida De la Mancha #244, colonia Altagracia, Zapopan, 45130, entre la calle Altarriada y avenida De la Mancha a espalda calle Altarriada .

Ahora bien, en el acta de jornada electoral[17], en el apartado correspondiente a lugar en el que se instaló la casilla, se señaló: Avenida de la mancha 243-71-4, colonia Altagracia.

En virtud de lo anterior, es importante hacer referencia que el artículo 256 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala en el párrafo 1 lo siguiente:

“1. El procedimiento para determinar la ubicación de las casilla será el siguiente:

c)           Los consejos distritales, en sesión que celebren a más tardar durante la segunda semana de abril, aprobarán la lista en la que se contenga la ubicación de las casillas;

d) El presidente del consejo distrital ordenará la publicación de la lista de ubicación de casillas aprobadas, a más tardar el 15 de abril del año de la elección, y…”

De lo que se concluye que, la ubicación que debe tenerse por cierta es la última publicada por el presidente del consejo distrital, es decir los domicilios señalados en el documento denominado encarte.

De lo antes precisado, denota coincidencias en dichos documentos por cuanto a la calle avenida De la Mancha, colonia Altagracia, municipio de Zapopan y el código postal 45130; no obstante, en el número de la calle, existe una discrepancia entre el contenido del encarte, de la lista de ubicación de casillas, y el lugar en el que finalmente se instaló la casilla.

De ahí que, si bien existe imprecisión en el número exterior de ubicación asentado en el acta de jornada electoral, esto se pudo deber a un error al momento de señalar el número de la calle en que se colocó la casilla, situación que por sí misma no acredita que la casilla se instaló en un lugar distinto al autorizado por el órgano electoral.

Lo anterior es así, pues del acta de la jornada electoral se desprenden los siguientes elementos:

        Durante la instalación se encontró presente la representante ante la Mesa Directiva de Casilla del Partido Revolucionario Institucional (parte accionante de este agravio), Carmen Flores Martínez, quien se aduce no realizó manifestación alguna, puesto que se advierte que no se presentó firma bajo protesta.

        Durante la instalación no se presentaron incidentes relacionados con la ubicación de la casilla.

        Dentro de los incidentes reseñados en la hoja correspondiente, no se señaló ninguno vinculado a la ubicación de la casilla.

        Los representantes de los partidos político acreditados ante la casilla, no presentaron escritos de protesta vinculados a este tema.

Se precisa que si bien en las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo debe asentarse el dato relativo al lugar donde se ubicó la casilla, mismo que debe coincidir con el lugar autorizado por el Consejo Distrital, la exigencia de asentar correctamente el lugar de instalación no implica que ello se deba hacer mediante la formalidad extrema de que las anotaciones literales del encarte y de las actas correspondientes coincidan de modo absoluto en todos sus elementos, sino que basta que en tales documentos se encuentren los elementos coincidentes que sean racionalmente suficientes para que no quede lugar a duda, de que se trata del mismo lugar.

Es decir, la ley no exige como única forma de probar plenamente la referida identidad, la extrema coincidencia de los datos asentados en las actas respectivas con los señalados en el encarte, por lo que basta que el enlace de los elementos asentados en los documentos referidos y, en su caso, en otros de la documentación electoral, produzcan la plena convicción de que la casilla se instaló en el lugar determinado por la autoridad competente, para que se tenga acreditada la identidad entre el lugar en que se ubicó la casillas y el sitio autorizado para ello.

Además, resulta explicable que en ocasiones haya mayor número de datos en el encarte que en las actas correspondientes, porque el primero se elabora por la autoridad electoral administrativa y se dirige a la ciudadanía heterogénea, que puede no identificar su lugar de ubicación con base en ciertos referentes pero sí con otros, verbigracia, puede no saber el nombre de la calle, pero sí el de un hospital, escuela o cancha deportiva que esté en esa calle, etcétera, por lo cual las autoridades electorales suelen incluir varios datos, en aras de facilitar a la mayoría de los ciudadanos su localización; en cambio, en las actas basta con el asentamiento de uno o varios datos que individualicen el lugar de instalación y no permita que se confunda con otros, para que la finalidad de la anotación se satisfaga.

Se destaca que la circunstancia de que no exista una plena coincidencia de los datos antes reseñados, no sería motivo suficiente para anular la votación recibida en la casilla 2977 básica, cuando de las constancias que obran en autos, en particular del encarte que es la “lista de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla”, así como de las actas de jornada electoral de la casilla impugnada, se aprecia que el domicilio anotado por los funcionarios de casilla, y el autorizado para la instalación de la referida casilla que consta en el encarte, son sustancialmente coincidentes.

Puesto que aun cuando los funcionarios de las mesas directivas de casilla hayan omitido anotar con precisión el dato relativo al número que identifica el domicilio de instalación de la casilla, es decir, asentar de manera incorrecta el número del inmueble, ya que ello no significa que se acredite que la casilla fue instalada en sitio diverso al autorizado por el Consejo Electoral respectivo.

Ello en virtud del hecho de que un error, como el descrito, se asiente en las actas respectivas, no implica que la causa de nulidad de la votación se actualice; máxime cuando del meticuloso examen de las documentales públicas levantadas el día de la jornada electoral se advierta que, en términos generales, el domicilio en que se instaló la casilla en cuestión, coincida sustancialmente con el autorizado por el respectivo Consejo Distrital, como se evidencia de la transcripción de los datos de ubicación de la casilla impugnada.

Puesto que es la dirección que se encuentra asentada en el acta de jornada electoral evidencia que la ubicación de la casilla, consta como domicilio el estacionamiento de departamentos diversos, además, se puede sostener que la imprecisión respecto del número de la calle a la que corresponde el inmueble en que se ubicó la casilla, seguramente se debió a un error al asentar ese dato en las actas electorales, o bien, a que el inmueble se encuentra identificado con otros números que no corresponden a la nomenclatura oficial contenida en el denominado “encarte”.

En adición debe razonarse que los números asentados en el acta de jornada y en el encarte son continuos, es decir, 243 y 244, respectivamente, en ese sentido, es válido presumir que, si el lugar donde se ubicó la casilla fue un estacionamiento, éste se encuentra entre ambos módulos, el 243 y 244.

Máxime que en el caso concreto, la parte accionante no aportó elementos para acreditar que la casilla se ubicó en un inmueble o sitio distinto al  autorizado por el Consejo Distrital, por lo que el error detectado no implica una violación al principio de certeza en la recepción de la votación.

De esta manera, cuando los funcionarios de las casillas, en las actas de la jornada electoral, sólo asientan el lugar donde aquéllas se ubicaron, sin que se hayan indicado los datos completos que se publicaron en el encarte, y la coincidencia en la denominación es sustancial,  debe considerarse que en realidad no existe base para concluir que se trate de lugares distintos, máxime cuando se trata de la dirección de la ubicación de una casilla en el estacionamiento de  departamentos.

En consecuencia, debe tenerse presente que si la intención del legislador al ordenar que se señale un lugar para la ubicación de las casillas, responde al cumplimiento del principio de certeza, que como ya se ha apuntado, va dirigido tanto a los electores como a los partidos políticos, de manera tal que se oriente a los votantes respecto al lugar donde deben ejercer su derecho de sufragio, no debe entenderse por lugar de ubicación únicamente una dirección, con especificación de calle y número, sino que, lo preponderante son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación, evitando confundir al electorado.

Es decir, se pueden proporcionar diversos elementos referenciales del lugar que garanticen su pleno conocimiento por parte del electorado, como pueden ser el nombre de una plaza, de un edificio, escuelas, etcétera, que resulten comunes para los habitantes del lugar de mejor manera que por el domicilio en el que se ubican, por el conocimiento público que de ellos se tiene.

Lo anterior es ilustrativo para evidenciar que, si en el acta de jornada electoral, en la de escrutinio y cómputo o en la hoja de incidentes, no se anota el lugar preciso de la ubicación de la casilla, en los términos en que apareció publicado en el encarte respectivo, ello es insuficiente para considerar que la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital.

Máxime que, conforme a las reglas de la experiencia y la  sana crítica, es del conocimiento del órgano resolutor que ocasionalmente los integrantes de las mesas directivas al asentar el domicilio en que se instaló la casilla, se refieren a los datos más relevantes del lugar físico de su ubicación y omiten consignar los relativos a los datos precisos de la dirección del lugar autorizado y publicado por el órgano electoral administrativo.

Por tanto, el principio de certeza no se ve afectado por el hecho de que en los documentos levantados por los funcionarios de las mesas directivas de casilla se asienten datos que no discrepan de los contenidos en el encarte respectivo, ni se violenta dicho principio cuando no se acredita que se indujo a la confusión de los ciudadanos.

Tales consideraciones se ven robustecidas con el contenido de la jurisprudencia 14/2001 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada con el rubro “INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD”[18].

En este sentido, como ya se precisó, si bien en la casilla señalada, no existe coincidencia plena en cuanto a los datos del lugar donde se autorizó su ubicación contenidos en el documento denominado “encarte”, con los de instalación de las mismas, es evidente que substancialmente se trata del mismo lugar, ya que existe coincidencia entre los datos relativos al nombre de la calle en que se autorizó la instalación de la casilla.

Del análisis de los datos antes precisados, se arriba a la conclusión de que la casilla se instaló en el lugar autorizado para ello.

Por tanto, esta Sala Regional concluye que, en la especie, no existió cambio en el lugar de ubicación de la casilla 2977 básica, consecuentemente, no se actualiza la causal de nulidad invocada por la parte accionante. De ahí lo INFUNDADO del agravio.

D. FALTA DE DOCUMENTOS DE ACTA DE JORNADA

Del estudio de los documentos existentes en autos, no se encontró el acta de la jornada electoral de la casilla 2975 contigua 2, además, la autoridad responsable mediante certificación que obra a foja 61 del accesorio 1, del expediente SG-JIN-42/2015, hace constar que al recibir el paquete electoral no se encontró el acta en mención.

Del análisis comparativo de las listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla y del acta de escrutinio y cómputo[19], en la cual se advierte que se omitió asentar el domicilio de la casilla en comento; así como de la información con la que se cuenta, se revela que el accionante Movimiento Ciudadano,  no cumplió con la carga de la prueba por lo que hace a la presente casilla.

En consecuencia, esta Sala Regional al no contar con prueba en contrario respecto del contenido y autenticidad del acta de escrutinio y cómputo, adminiculada con el informe que rindió la responsable, así como del encarte referido, y toda vez que el inconforme no ofreció probanza para acreditar su afirmación en el sentido de que la casilla impugnada se instaló en lugar distinto al autorizado, como era su obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 2 de la ley procesal electoral federal, se concluye que en la especie no se actualiza el primer extremo de la causal de nulidad prevista en el numeral 1 inciso a) del artículo 75 de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación, por lo que resulta INFUNDADO el agravio expresado por el actor en este sentido.

DÉCIMO. Causal e) párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: Recepción de la votación por personas no autorizadas

En las casillas que a continuación se enumeran, las partes actoras invocan como causal de nulidad de la votación recibida, la contenida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por la ley electoral federal.

Las casillas impugnadas por esta causal de nulidad de votación son las siguientes:

Las partes actoras expresan como motivo de inconformidad, lo siguiente:

El Partido Revolucionario Institucional expresó que la recepción de la votación fue hecha por personas distintas a las facultadas por el ordenamiento y que algunas de las personas que integraron las mesas directivas, según actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo no aparecen en el encarte de integración de casillas, ni en las listas nominales de electores correspondientes a sus respectivas secciones electorales, asimismo señala que en dos casillas, la votación fue recibida por una mesa directiva que funcionó durante toda la jornada electoral con sólo tres integrantes, y en una casilla más, refiere que se llevó a cabo el cómputo por un solo integrante.

Por su parte el instituto político Movimiento Ciudadano refiere que existieron diversas casillas en las que fungieron como funcionarios de casilla, personas distintas a las designadas por el Instituto Nacional Electoral, sin seguir el procedimiento que establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en las actas de incidentes y de jornada electoral de cada una de las casillas referidas no se asentó qué procedimiento se siguió para tales efectos), y sin que estuviesen inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente.

Para el análisis de la causal de nulidad de votación invocada, es necesario tener presente lo dispuesto por el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral:

“1. La votación recibida en una casilla será nula, cuando se acredite cualesquiera de las siguientes causales:

...

e) Recibir la votación personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

...”

Para efectos de analizar la causal de nulidad que nos ocupa, es necesario precisar cuáles son los órganos y quiénes las personas autorizadas para recibir la votación, atento a lo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En todo sistema democrático resulta indispensable la renovación periódica de los órganos del Estado a través de elecciones populares.

Con este fin, el día de la jornada electoral en el ámbito de las casillas, los integrantes de las mesas directivas, con la participación ordenada de los electores, ante la presencia de los representantes de partidos políticos y observadores, llevaron a cabo el acto más trascendente e importante del proceso electoral, consistente en la recepción de la votación.

Así, el artículo 41 constitucional señala que las mesas directivas de casilla estarán conformadas por ciudadanos; en ese sentido, los artículos 83 a 87 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen los requisitos para ser integrante de las mesas directivas de casilla  y las atribuciones de cada uno de sus integrantes, es decir, del presidente, secretario y escrutadores.

De este modo, llevado a cabo el procedimiento para la integración de las mesas directivas de casilla que se prevé en el artículo 254 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los ciudadanos seleccionados por el correspondiente Consejo Distrital, serán las personas autorizadas para recibir  la votación.

Así, de conformidad con el artículo 81 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las mesas directivas de casilla, que se instalan en cada sección electoral, son los únicos órganos facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de ésta. Dichos órganos se integran con un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. En los procesos electorales en los que se celebre una o varias consultas populares, se designará un escrutador adicional quien será el responsable de realizar el escrutinio y cómputo de la votación que se emita en dichas consultas.

En términos del artículo 82, párrafos 1 y 2, del mismo ordenamiento. Los procesos en que se realicen elecciones federales y locales concurrentes en una entidad, el Consejo General del Instituto deberá instalar una mesa directiva de casilla única para ambos tipos de elección. Para estos efectos, la mesa directiva se integrará, además de lo señalado en el párrafo anterior, con un secretario y un escrutador adicionales, quienes en el ámbito local tendrán a su cargo las actividades señaladas en el párrafo 2 del artículo anterior.

Al respecto, para que se actualice la causal de mérito, se requiere acreditar, alguno de los siguientes elementos:

-         Que la votación se recibió por personas diversas a las autorizadas por el respectivo Consejo Distrital.

Esto es, que quienes reciban el sufragio sean personas que no hubiesen sido previamente insaculadas y capacitadas por el órgano electoral administrativo o que tratándose de funcionarios emergentes estos no se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a la casilla, o bien, tienen algún impedimento legal para fungir como funcionarios.

-         Que la votación se reciba por órganos distintos a los previamente autorizados, es decir, que otro órgano diverso a la mesa directiva de casilla, aun cuando sea una autoridad electoral, reciba el voto ciudadano; o

-         Que la mesa directiva de casilla no se integró con un número suficiente de funcionarios para realizar las actividades de la casilla (Presidente, Secretario y Escrutadores).

Se destaca que el día de la jornada electoral, las personas previamente designadas como funcionarios propietarios de casilla deben proceder a su instalación a partir de las 7:30 horas, en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran, debiéndose levantar el acta de la jornada electoral, en la que se hará constar, entre otros datos, el nombre de las personas que actúan como funcionarios de casilla, conforme lo dispone el artículo 273, párrafos 1, 2 y 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El acta deberá ser firmada, tanto por los funcionarios, como por los representantes de partidos que actuaron en la casilla, según lo determina el artículo 275, párrafo 1, del mismo ordenamiento.

Sin embargo, en caso de no instalarse la casilla en la hora legalmente establecida, por la ausencia de uno o varios de los funcionarios designados como propietarios, en la propia ley se contempla la forma de sustitución de los funcionarios ausentes.

Así, conforme lo dispone el artículo 274 de la ley en cita, de no instalarse la casilla, a las ocho horas con quince minutos, estando presente el presidente, éste designará a los funcionarios faltantes, primero, recorriendo el orden de los funcionarios presentes y habilitando a los suplentes y, en su caso, con los electores que se encuentren en la casilla.

En términos del mismo artículo, no encontrándose presente el presidente pero sí el secretario, éste asumirá las funciones de aquél y procederá a la instalación de la casilla. 

Estando sólo un escrutador, él asumirá las funciones de presidente y hará la designación de los funcionarios faltantes.

Estando sólo los suplentes, uno asumirá la función de presidente y los otros de secretario y primer escrutador, debiendo proceder el primero a la instalación de la casilla.

En caso de no asistir los funcionarios previamente designados, el Consejo Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la mesa directiva y designará al personal encargado de ejecutar las labores correspondientes y cerciorarse de ello.

Cuando por razón de la distancia o dificultad de las comunicaciones no sea posible la intervención del personal del Instituto, a las diez horas, los representantes de los partidos ante las mesas de casilla, designarán por mayoría a los funcionarios de entre los electores que se encuentren presentes, verificando previamente que se encuentren inscritos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente y cuenten con credencial para votar. En este último supuesto, se requiere la presencia de un Notario Público o Juez; en ausencia de éstos, bastará la conformidad de los representantes de los partidos políticos.

Los nombramientos nunca podrán recaer en los representantes de los partidos, candidatos o funcionarios públicos.

Hechas las sustituciones en los términos que anteceden, la mesa recibirá válidamente la votación.

Es preciso señalar, que la Sala Superior al resolver los juicios identificados con los números de expedientes SUP-JRC-266/2006, SUP-JRC-267/2006, sostuvo que cuando existe sustitución de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, no es necesario asentar, forzosamente, en el acta de la jornada electoral, el motivo de dicha sustitución o el procedimiento que se siguió para sustituir a los ausentes. Por tanto, la omisión de asentar tales datos no implica que se hayan conculcado las reglas de integración de casilla establecidas en la legislación, ni que la sustitución de funcionarios se haya realizado en contravención a la normatividad.

Esa omisión, lo único que acreditaría es que los funcionarios de casilla dejaron de asentar en las actas de jornada electoral, el motivo por el cual se llevó a cabo la sustitución de funcionarios y el desarrollo del procedimiento para realizar esa sustitución. Sin embargo, no hay vínculo lógico o jurídico alguno entre dicha omisión, y la circunstancia de que se hayan violado o no, las reglas de integración de casillas.

Sólo sería indebida la sustitución si con la demás documentación de la casilla, se acreditara que no se siguió el procedimiento establecido ni se designó a las personas autorizadas legalmente para sustituir al ausente, por ejemplo: se designara como funcionario de casilla a un representante partidista, un funcionario público o un ciudadano que no pertenece a la sección respectiva, o bien, cuando los funcionarios nombrados por la autoridad electoral administrativa se presentaron en la casilla y fueron rechazados para poner a los que, finalmente, integraron la mesa directiva.

Pero cuando en lugar de eso se cuenta con el dato preciso de que los funcionarios sustitutos son de la sección respectiva, con eso debe considerarse que las sustituciones se ajustaron a las exigencias de la ley. Máxime si al realizar tales sustituciones, ninguna oposición se manifestó por los representantes partidistas y éstos estuvieron presentes desde la instalación de la casilla e inicio de la  recepción de la votación.

Además, que ante las circunstancias prevalecientes en muchos lugares del país, en que los funcionarios de casilla no cuentan necesariamente con experiencia o conocimientos sobre el llenado de las actas de jornada electoral, es natural que en ocasiones resten importancia al asiento de datos sobre actos que están apreciando y que constituyen sólo formalismos que en su concepción son intrascendentes, o bien que se haya omitido simplemente por las prisas o por alguna circunstancia ajena a su voluntad.

Precisado lo anterior, se procede al estudio particularizado de cada una de las casillas en que se invoca la causal de nulidad apuntada, para ello, habrá de considerarse el encarte publicado de ubicación e integración de casillas; actas de jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, documentales que merecen valor probatorio pleno, conforme lo señalan los artículos 14 y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto constituyen documentos públicos.

Para un mejor análisis de la causal de nulidad en examen, con la información contenida en los referidos elementos probatorios, se elabora el siguiente cuadro esquemático: En la primera y segunda columna se identifica el número progresivo y la casilla impugnada; en la tercera columna, los nombres de los funcionarios facultados para actuar en la casilla de acuerdo al encarte o acuerdo respectivo y sus cargos; en la cuarta columna, los nombres de los ciudadanos que conforme a las actas levantadas en la casilla respectiva, recibieron la votación y el cargo que ocuparon; y la última columna, relativa a las observaciones, se deberá señalar si existió ausencia de algún funcionario designado, si hubo corrimiento de funcionarios y, en su caso, los ciudadanos que suplieron a los ausentes se encuentran o no en la lista nominal de electores de la sección electoral a la que corresponde la casilla respectiva.

El Partido Revolucionario Institucional y partido Movimiento Ciudadano, en la interposición de sus demandas, impugnan con fundamento en la casual e) del párrafo 1 del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, las casillas que se detallan en el siguiente cuadro: